La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: luces y sombras

La reforma de la veteranísima Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 está un poco más cerca de ser una realidad tras aprobar el pleno del CGPJ, por unanimidad, el informe al Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal.

Desde un punto de vista global, el órgano de gobierno de los jueces hace una valoración positiva del anteproyecto, por cuanto supone una modernización del actual texto vigente. Algo obvio, por otra parte, ya que lo mínimo que se le podía exigir a la nueva LeCrim era que modernizara y adaptara el proceso criminal a las necesidades y los medios del siglo XXI, superando definitivamente el remendado y centenario texto vigente, más apropiado para los “robagallinas” que para la delincuencia moderna, a decir del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. De hecho, por primera vez se regula  la utilización de las nuevas tecnologías en las investigaciones criminales y el tratamiento que debe darse a los datos electrónicos.

Sin embargo, abundan también las críticas respecto de aspectos esenciales del anteproyecto. En primer lugar, el CGPJ estima que la imposición de un plazo preclusivo para llevar a cabo la instrucción (seis meses para causas ordinarias y dieciocho para causas complejas) debe atemperarse con la posibilidad de reabrir la causa si aparecen nuevas indicios de criminalidad, además de incluir una específica y clara regulación de los efectos del incumplimiento de dichos plazos y su prórroga, a fin de evitar que se vea afectada la seguridad jurídica o perjudicada la investigación de los delitos.

Por otro lado, el informe del CGPJ se muestra muy crítico con la regulación prevista en el anteproyecto de LeCrim en lo que a la intervención de las comunicaciones se refiere, dudando incluso del encaje constitucional de la nueva regulación, que permitiría al Gobierno acordar escuchas telefónicas y otras intervenciones sin previa autorización judicial, en casos de urgencia y para delitos cometidos por organizaciones criminales, contra menores o de especial gravedad; lo que contraviene lo previsto en el art. 18.3 de la Constitución, que requiere de previa autorización judicial para intervenir las comunicaciones.

En cuanto a las garantías de los detenidos se valora positivamente que se garantice la asistencia letrada en cualquier momento del proceso, aunque el CGPJ recuerda que tal asistencia debería extenderse expresamente a las mismas diligencias policiales, cuestión ésta muy debatida y que merece un post aparte.

Sería conveniente que el legislador acogiera las críticas contenidas en el informe emitido por el CGPJ para evitar que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal nazca viciada, sobre todo en cuestiones en las que pueda dudarse de la constitucionalidad de las previsiones legales. Sin duda es imprescindible dotar de un nuevo marco regulatorio al proceso penal, pero la reforma en ningún caso puede suponer una merma de los derechos y libertades ya reconocidos por nuestra Constitución y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.

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